Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– Dos días antes del que la Subprocuradora de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Tiburcio, anunciara que en total hay 22 mil 300 personas desaparecidas desde el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa a la fecha, la señora María Guadalupe Fernández Martínez recibió una llamada de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos de la dependencia para preguntarle si su hijo ya había regresado a casa.
“Fue el martes 19 de agosto. Llamó una mujer y me preguntó: ‘¿Oiga su hijo ya apareció?'. Así sin decir de dónde era, con toda la falta de sensibilidad, como si se me hubiera perdido un perrito y hubiera pegado un cartel. Ante mi insistencia se presentó y me dijo que era de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos de la PGR, que llamaban para saber si mi hijo José Antonio Robles Fernández ya había aparecido. Le dije que no y me contestó: ‘Ah, entonces lo vamos a tener que volver a subir a la Red’”, narró.
Fernández Martínez, de 64 años, forma parte de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem) y busca a su hijo desaparecido en Monclova, Coahuila, desde hace cinco años y siete meses, cuando trabajaba para el Proyecto Fénix de Altos Hornos de México.
De acuerdo con la mamá de José Antonio, ella no fue la única que recibió una llamada de la PRG durante la semana que Benítez Tiburcio anunció las últimas cifras de desaparición en México: “Otro de los padres de la asociación, en el Estado de México, recibió una llamada simular”, detalló.
El 21 de agosto, dos días después de esa llamada, la PGR anunció que hay dos listas. Una de ellas incluye a 12 mil 532 desaparecidos durante la administración de Calderón y la otra, 9 mil 790 en los dos años del Presidente Enrique Peña Nieto.
María Guadalupe no confía en esas cifras, pues no entiende cómo fue que de un listado de 26 mil desaparecidos durante el sexenio de Calderón Hinojosa, ahora sólo hay 12 mil.
Ximena Antillón Najilis, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, expuso que los datos que presentó la PGR dejan muchos cabos sueltos y son alarmantes.
“Falta información desagregada, estadística que nos permita entender cómo ocurre este fenómeno, reconocer patrones que son básicos para la investigación, pero también para la prevención, eso por un lado. Por otro lado el manejo de las cifras no abona a la confianza de los ciudadanos hacia las autoridades, porque las organizaciones de la sociedad civil no se explican cómo se redujo a la mitad la cifra y no se han encontrado a los desaparecidos”, dijo.
La investigadora explicó que es preocupante el dato durante la administración de Peña Nieto, debido a que sólo en dos años desapareció 80 por ciento de personas que durante el sexenio de Calderón.
“Tenemos una preocupación muy seria y alarmante. Las cifras se redujeron porque ellos trabajaron con una metodología que no es clara. Lo que dijeron es que las procuradurías locales hicieron llamadas por teléfono a los familiares para preguntar si ya apareció su familiar. Eso no es búsqueda ni investigación; lo alarmante también es que en lo que va de Peña Nieto casi llegamos a 80 por ciento de lo del sexenio anterior en sólo dos años, cuando la administración de Calderón fue violenta y sangrienta”, detalló.
En las listas que presentó la PGR no se incluye a las víctimas de desaparición forzada ni de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos.
“Entonces es una lista sesgada. No tenemos acceso a la base de datos, a las estadísticas, sólo hay ciertos datos que podemos conocer y eso nos preocupa, porque no tenemos claridad”, dijo la investigadora de Fundar.
Carlos Moreno Zamora, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y padre de Israel Jesús Moreno Pérez, desaparecido en Oaxaca, planteó que las cifras del gobierno federal “no pueden ser confiables”, debido a que en sólo tres meses “desaparecieron a los desaparecidos”.
“De 26 mil personas que anunciaron en 2013, las bajaron a 12 mil. En la Secretaría de Gobernación [Segob] no se ponen de acuerdo, no hay un registro confiable. Volvemos a traer lo que cada funcionario se le ocurre decir, pero no hay una cifra precisa”, dijo.
Moreno Zamora indicó que la realidad a la se enfrentan los familiares de los desaparecidos en México es la simulación de la autoridades: “Al ir y venir de una dependencia a otra con elefantes blancos, que no son adecuados para las necesidades, poner funcionarios con altos sueldos, que no tienen ese compromiso y que carecen de sensibilidad y preparación”.
HACE FALTA VOLUNTAD POLÍTICA
Un grupo numeroso de más de 200 organizaciones de la sociedad civil señaló en una declaración conjunta que al gobierno mexicano le hace falta voluntad política para resolver los casos de desapariciones.
“La falta de voluntad política del gobierno federal y los gobiernos estatales ha derivado en la inexistencia de una política integral de búsqueda efectiva de las víctimas e investigación y sanción de los responsables”, dice la declaración.
Entre las exigencias de las organizaciones destaca la creación de un mecanismo de búsqueda trasnacional, uno de investigación de los responsables de las desapariciones de las décadas de los 60, 70 y 80 y de la actualidad, la aprobación de una Ley General contra las Desapariciones, la aceptación del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir peticiones individuales y mecanismos efectivos para garantizar el derecho a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral del daño a las víctimas y a sus familiares, para evitar casos como el de María Guadalupe.
“La averiguación previa de mi hijo inicial fue por secuestro. Me dijeron: “Señora su hijo estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada, sabemos que se lo llevaron porque traía placas del DF y que se les pasó la mano”, dijo la mamá del joven capitalino José Antonio, que desapareció en Coahuila.
